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jul 10

Debate sobre el aforamiento en el Senado

Familia-real-española

Estamos asistiendo al segundo acto de esta obra: Esta obra que narra cómo se intenta sugestionar a la ciudadanía para que crean que las cosas cambian para bien gracias a este Gobierno, que narra cómo, en vez de afrontar la realidad en la que viven los ciudadanos, este gobierno vive en una realidad paralela, que poco tiene que ver con el mundo real.

Pero hay una gran diferencia en este nuevo acto que analizamos hoy:

En el debate sobre la Ley orgánica de abdicación señalamos que se procedía a realizar un supuesto cambio con el verdadero objetivo que las cosas no cambiasen. Un intento de que todo siga igual bajo la apariencia de un supuesto cambio: la Corona, la Constitución, el propio sistema vigente, e intentar perpetuarlo como símbolo de la negación de los derechos del Pueblo vasco, de la negación de los derechos de las diferentes naciones que existen en el Estado español.

Pero esta vez, por el contrario, sí que nos encontramos ante un verdadero cambio para lograr que las cosas no cambien.

Un cambio para intentar blindar este sistema, plasmando ese blindaje en personas concretas. En nombres y apellidos. En nombres y apellidos que simbolizan la negación de derechos, en nombres y apellidos que encarnan la inmutabilidad de su sacrosanta constitución.

Y esta vez los objetivos son más que claros. Una modificación legal que atenta contra un principio del que, paradójicamente, tanto han alardeado tanto el Gobierno actual como el propio Rey abdicante: La igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.

Efectivamente, estamos ante un cambio en la legislación, un cambio que ahonda en la ya consabida costumbre de los diferentes gobiernos del estado de profundizar en la elaboración de la legislación de excepción, legislaciones de excepción a las que tan acostumbrados estamos desgraciadamente en mi País, de aplicar leyes ad hoc para lograr, sin ningún rubor, y no importando los medios empleados, sus objetivos.

En este caso el objetivo perseguido es el blindaje ante la Ley de unas personas concretas. Unas personas que son el símbolo máximo de este sistema supuestamente democrático. El impedir que personas puedan rendir cuentas ante la justicia.

Precisamente en el momento en el que más bajo sospecha se encuentra la monarquía.
Precisamente en el momento en el que más cuestionada se encuentra.
Precisamente en el momento que se está debatiendo sobre la imputación de la infanta, y los indicios que apuntan a su marido son cada día más claros.
Precisamente cuando empiezan a aflorar demandas judiciales relacionadas con el anterior rey.
Precisamente cuando más en cuestión está todo el sistema, ante las reclamaciones por parte del conjunto de la ciudadanía tanto vasca, catalana y estatal de más democracia. De ejercer el derecho a decidir.

Y es en este preciso momento, espoleados por los resultados de las elecciones europeas, nerviosos ante la posibilidad de que se articule el derecho a decidir, de que se reclame dar la voz a la ciudadanía para poder expresar sin límites su opinión sobre multitud de temas, es cuando, aprovechando la sucesión en el trono y la cercanía de las vacaciones, acometen esta reforma exprés.

Otra reforma improvisada, lo cual no sorprende en esta legislatura ya que estamos desgraciadamente más que acostumbrados a las mismas. Improvisada y chapucera sí, pero con unos objetivos claros.

Una reforma más, que de la manera que ha sido planteada, imposibilita el debate en profundidad, que aprovecha una Ley en tramitación para proceder a aprobar en el menor tiempo posible esta vergonzosa y vergonzante modificación que posibilita el otorgar una serie de privilegios a una familia completa.

Y lo hace mediante la entrega de unos privilegios, en forma de aforamiento, en la mayoría de casos, y de inviolabilidad de su figura en otros.

Les otorga unos privilegios, porque para esta familia sí son privilegios, cuya única motivación para otorgárselos son motivos de consanguinidad o por el mero hecho de haber contraído matrimonio con uno de los integrantes de esa familia. Y unos privilegios, para rematar toda esta trama, con carácter vitalicio.

Y todo lo anterior dando la espalda a la ciudadanía … ¿O es que acaso esto también lo tenían en su programa electoral?

Es decir, estamos ante la continuación del debate que tuvimos hace un par de semanas en esta misma cámara:

Estamos hablando de la excepcionalidad, de la elaboración, una vez más, de una legislación de excepción, de una legislación ad hoc.
De romper con el principio de la igualdad ante la ley.
De afincar un modelo, en el cual, una persona por la gracia de dios, la voluntad divina y la consanguinidad tenga un privilegio que no tiene parangón, que no pueda ser juzgado.
Y, Esto supone continuar el pleno siglo XXI fortaleciendo y manteniendo un régimen propio del medievo.

Se lo puse sobre la mesa en el anterior debate, como un elemento de reflexión para ustedes: “Una cosa no es justa porque es Ley, debe ser ley porque es justa”. Y señores y señoras del partido popular, me quieren responder, honestamente, ¿dónde está la justicia en esta modificación legal?, ¿me quieren decir que esto que se aprueba es justo? ¿Me quieren decir que esto no es un ejemplo más del “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”?

Evidentemente, ante todo este esperpento, esta ópera bufa, vamos a votar, una vez más, en contra. Y es que, a nuestro entender, es francamente incomprensible que haya alguien que pueda respaldar esta, y otras propuestas, realizadas por su gobierno.

 

 

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