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oct 07

Defensa del veto de Amaiur a los presupuestos para el 2016 en el Senado

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los senadores Aiartza, Goioaga, la senadora Mendizabal y el senador Unamunzaga. Para su defensa, tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Buenos días, señorías.

Señor ministro, antes de nada quiero, en este último debate, reconocerle una cosa, que ha sido usted el único ministro que ha venido a esta Cámara siempre que tenía que hacerlo y ha presentado todos los proyectos de ley. Como va a ser el último debate que vamos a tener, quería, por lo menos, hacerle un reconocimiento expreso al respecto.

Y ya centrándonos en el debate del veto, nos encontramos con que el Gobierno ha presentado a finales de este mes de julio su Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, como es bien sabido por todos; y lo ha presentado como ese primer acto de la campaña electoral del Partido Popular para condicionar la acción de un próximo Gobierno, sabiendo que estos presupuestos van a ser aprobados con una mayoría absoluta que actualmente podemos calificar como una mayoría formal, pero que no responde a la realidad política actual del Estado español, en la que esa mayoría absoluta ya no existe, tal y como demuestran las diferentes elecciones recientemente celebradas, los propios estudios sociológicos del CIS, etcétera.

Este contexto, por lo tanto, nos cuestiona y nos condiciona la legitimidad democrática de unas cuentas públicas que van a contar con un apoyo parlamentario que no se corresponde con la mayoría social ni política de la ciudadanía. Nosotros, frente a este hecho incontestable, salimos a esta tribuna con la tranquilidad que nos da a nuestro grupo no tener ninguna aspiración ni ninguna meta de gobernar España; es más, lo que pretende Amaiur, Euskal Herria Bildu, es que nuestro país no sea gobernado por España. En nuestro país enfocamos la acción de gobierno como un ir a la raíz de los problemas con una visión de justicia social, con esa visión de izquierdas a la que usted se ha referido, de gasto descontrolado, que no va a ningún lado y que no se sostiene. Pues bien, de esta manera le quiero contraponer el ejercicio de gobierno que hemos realizado en Guipúzcoa durante los últimos cuatro años y que, francamente, con esas políticas de izquierda, ha dado unos resultados que no podemos calificar de otra manera más que de muy positivos.

Guipúzcoa es la circunscripción de todo el Estado español con menor índice de paro de forma continuada a lo largo de estos cuatro años; con unos índices de crecimiento por encima de la media; con una sorprendente labor para combatir el fraude fiscal; y con unos buenos resultados de recaudación a la hora de atajar ese problema estructural. Estos, entre otros datos, demuestran que esa izquierda radical a la que ustedes suelen calificar como de enemigo siniestro o casi me atrevería a decir que de encarnación del mal, es capaz de tener buenos resultados y de gobernar para solucionar los problemas diarios de la ciudadanía. Nosotros concebimos la política de esta manera. No podemos concebirla de ninguna otra. Y este es el enfoque con el que presentamos nuestra enmienda a la totalidad a unos presupuestos que bajo el estandarte del crecimiento económico no podemos más que calificarlos como continuistas con los anteriores. Porque desde nuestro punto de vista siguen sin abordar los auténticos problemas estructurales del Estado español, como son las inasumibles tasas de paro, la desigualdad creciente, no abordar en profundidad el fraude fiscal, el desapego con la economía real, con la industria, con la economía social mientras que sí se comprometen con la economía especulativa. Estos son los puntos que voy a proceder a desgranar en los siguientes minutos.

Ustedes están siendo incapaces de aprovechar el crecimiento económico del que presumen para corregir esos problemas estructurales, para paliar las situaciones trágicas de pobreza extrema y exclusión social y para contribuir a la redistribución de la riqueza. Estos que le acabo de mencionar son los elementos que nosotros consideramos como fundamentales para avanzar en la cohesión social, que es básica en cualquier sociedad normalizada, y son, entre otros, los que no están abordados de una manera satisfactoria con estos presupuestos.

Tenemos delante unos presupuestos que nuevamente están al servicio de las personas y sectores sociales y económicos que menos han sufrido la crisis y que siguen sin sufrir sus consecuencias en la actualidad, unos presupuestos que dan la espalda a las personas que más han sufrido la crisis y más están sufriendo sus consecuencias. Este Gobierno es rapidísimo a la hora de dar respuesta a las demandas y necesidades de las grandes empresas, de los sectores económico-financieros, de los grandes capitales y, sin embargo, es tremendamente lento e insensible a la hora de dar respuesta a las angustias y necesidades vitales de la población más necesitada, a esas necesidades de apoyo a la economía real, a la economía que está pegada al terreno, la de las pymes, la de la economía social, la de las personas acogidas al régimen de autónomos. Tal y como ya le hemos repetido una y otra vez con todos y cada uno de los presupuestos presentados a lo largo de esta legislatura, estos nuevos presupuestos siguen girando alrededor de la economía especulativa y de los grandes grupos económicos y financieros. Estos presupuestos no tienen como prioridad la lucha contra el desempleo y la exclusión social y continúan con una política de recentralización.

Todo este planteamiento ultraliberal y recentralizador choca con la realidad política, económica y social de Euskal Herria, de nuestro país, y con su derecho a decidir su proyecto futuro y su propio modelo económico y social.

Sí, señor ministro, le reconozco que —y se lo vuelvo a decir— estamos saliendo de la crisis, pero el planteamiento que tenemos ahora mismo no es si estamos saliendo de la crisis o no, porque el problema es a qué coste y quién está pagando este coste de salir de la crisis. La realidad es que estamos saliendo de la crisis a cuenta del incremento de la desigualdad. Y hay estudios muy claros que nos llevan a unas conclusiones también muy claras. La desigualdad del Estado español crecía de forma muy importante hasta el año 2011. En los años siguientes, al comienzo de la crisis, comienza a disminuir la desigualdad, pero a partir de la segunda mitad, de 2013 a 2014, vuelve a crecer otra vez la desigualdad. Y estos datos son preocupantes. Cuando hay crecimiento económico vuelve a aumentar la desigualdad, y claramente una de las causas de ese crecimiento de la desigualdad en estos dos años es —una de ellas— la reforma laboral; una de esas reformas estructurales que ustedes tanto defienden; una de las reformas clave y estrella que ha desarrollado su Gobierno. Y nos encontramos con estos presupuestos encima de la mesa, presupuestos que no dan respuesta a ese crecimiento de la desigualdad. No abordan la necesidad de la cohesión social; y son insensibles con las personas en situación de paro de larga duración.

Los datos que nos encontramos en estos presupuestos son muy claros. La tasa de cobertura del desempleo ha bajado del 70 % al 50 % entre mayo de 2011 y mayo de este año. El promedio de la prestación por cada persona en esta situación se ha reducido en un 30 %. El número de personas en situación de paro de larga duración sigue creciendo, y ha superado ya los 3,2 millones de personas, lo que supone el 61 % de las personas en situación de desempleo. Y a todo esto hemos de añadir que más de 3,7 millones de parados no reciben ningún tipo de prestación del Ministerio de empleo, según la EPA del segundo trimestre de este año.

Señor ministro, ante estos datos es inadmisible que se disminuya la partida correspondiente al pago del desempleo de 5500 millones de euros. No lo podemos ver normal. Detrás de los aparentes incrementos en las partidas de las políticas de empleo, la cantidad actual de 5215 millones de euros es un 30 % inferior a los 7714 millones de 2011. Y este es un elemento que evidentemente tenemos que denunciar, del mismo modo que debemos denunciar que están fomentando la desigualdad. Tal y como le he dicho antes, la realidad es que la desigualdad está aumentando cuando crece el empleo. A pesar de que los informes de la OCDE denuncian que el Estado español es el lugar con más desigualdades de ingresos entre ricos y pobres y que esa diferencia sigue aumentando, precisamente, en los dos últimos años en los que hay crecimiento económico, las medidas de este Gobierno siguen alimentando esta brecha social, y estos presupuestos centran sus esfuerzos en aquellas personas que menos han sufrido y menos siguen sufriendo las consecuencias de la crisis.

Mientras se incrementan los salarios de los funcionarios un 1 %, las pensiones solo recogen un 0,25 % de aumento, cuando la dura realidad en la que nos encontramos es que hay un importante número de pensiones muy bajas que no solo no garantizan que puedan atenderse las necesidades mínimas de sus preceptores, sino que, además, constituyen el único ingreso de las familias extensas que acogen en su seno a personas en paro sin ningún tipo de prestación. Al mismo tiempo, en vez de utilizar la política fiscal para impulsar una redistribución de la riqueza y contribuir a reducir las desigualdades, este Gobierno está impulsando una reforma fiscal que favorece sobre todo a las rentas más altas y reduce la capacidad redistributiva del sistema.

Y a lo anterior, hemos de sumar otro elemento, que es la realidad de las sicavs. En 2014 hubo 239 Sicav más y otras 113 en lo que llevamos de año, y hay otras 50 esperando autorización. En total son más de 3300 Sicav. Este dato pone de manifiesto que hay gente con mucho dinero a la que le va muy bien, y que, además, se está poniendo al margen del sistema fiscal ordinario. El conjunto del patrimonio de esas Sicav ha superado los 36 000 millones de euros frente a los 24 000 que había en el 2011. Eso también significa el incremento de la desigualdad de la que antes hablaba.

Otras de las preocupaciones que tenemos es que pensamos que estos presupuestos siguen siendo ineficaces ante el fraude fiscal, y se lo hemos repetido en más de una ocasión. El problema estructural del Estado español no está en el gasto público, sino en el ingreso público, y los datos que aporta el Gobierno en su memoria son muy significativos a este respecto. Mientras que la media europea de gasto público en relación con el producto interior bruto está en el 48,1 %, en el Estado español está en el 43,5 %, es decir, unos 4,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Sin embargo, si analizamos lo que suponen los ingresos públicos, en la media de los Estados de la Unión Europea estos alcanzan el 45 % del producto interior bruto, y en el Estado español están en el 37,8 %; es decir, 7,4 puntos por debajo de la Unión Europea, y en estos tres puntos de diferencia entre gastos e ingresos es donde está el meollo de la cuestión; una cuestión que hay que abordar, pero que el Gobierno no lo hace con la determinación necesaria. Hay medidas, por ejemplo, que tienen un coste presupuestario limitado, como es la de aumentar la plantilla de inspectores; y a este respecto también le quiero exponer unos datos muy significativos, los de contribuyentes por inspector, de otros Estados de la Unión Europea. Mientras en los Países Bajos hay 697 contribuyentes por inspector, en Alemania hay 729, en Francia 880 o en Reino Unido 882, en el Estado español estamos hablando de 1928. Ahí hay una medida concreta que el Gobierno puede tomar para combatir este fraude fiscal.

Aunque, por otro lado, le tengo que reconocer que, aunque ni la reforma fiscal del llamado territorio común ni la ineficiencia ante el fraude y la evasión fiscal tienen por qué afectar directamente a Euskal Herria dado que tenemos capacidad normativa fiscal propia en estos impuestos, nos encontramos con que indirectamente sí nos afecta, no solo por un espíritu de solidaridad con las personas trabajadoras del resto del Estado que siguen sufriendo las consecuencias de la crisis económica y de una política económica y fiscal claramente injusta, sino también porque el coste del endeudamiento público creciente recae especialmente sobre la población de mi país, Euskal Herria, aunque no hayamos contribuido a dicho endeudamiento.

Y hay otro elemento que también nos preocupa sobremanera, que no es otro que la opción preferencial por la economía especulativa. En estos presupuestos hay un continuismo en el apoyo a las grandes empresas más vinculadas con la construcción, los sectores financieros y la economía especulativa, y una presencia marginal de las pequeñas y medianas empresas, de las personas acogidas al régimen de autónomos y de la economía social.

En cuanto al sector financiero, sigue el apoyo a los grandes grupos bancarios sin ningún tipo de exigencia para que faciliten el acceso al crédito a los sectores de la economía productiva encuadrados en las pymes; tampoco hay una opción por recuperar la figura y la función social de las cajas de ahorro ni ninguna partida para impulsar una banca pública que pueda servir de instrumento para facilitar la financiación a las pymes, a la economía social, a la economía de proximidad y contribuir a romper el oligopolio financiero actual. Apuestan por la economía especulativa, y nos preocupa, no solo por lo ocurrido en el pasado con la reestructuración del sector bancario, sino por las pensiones y el discurso de fondo de este Gobierno respecto de los fondos de pensiones privados; y al mismo tiempo no actúan para que las pensiones mínimas sean unas pensiones decentes que permitan a los pensionistas vivir con dignidad.

Esta apología de los fondos de pensiones privados —que, por cierto, no me parece mal que existan— está fomentando la economía especulativa. Hay que recordar que detrás de la crisis financiera de los últimos años han estado todos los fondos de pensiones norteamericanos, pues los fondos de pensiones buscan al final el rendimiento rápido y tienen una falta de compromiso con la economía real. Detrás de muchas deslocalizaciones de industrias en el Estado español han estado fondos de pensiones internacionales que se han hecho con el control de esas empresas para sacar el fondo rápido.

Finalmente, y en lo referente al veto que hemos presentado, me quiero referir a la realidad de los presupuestos por lo que respecta a nuestro país, a Euskal Herria. Nosotros seguimos pensando que siguen dando la espalda a la realidad social de Euskal Herria, que siguen sin aportar elementos positivos para avanzar en la normalización política y en la pacificación, y eso también tiene su reflejo presupuestario, entre otras, en la política penitenciaria. Nuevamente el análisis del contenido y la filosofía que impulsa estos presupuestos no hace sino constatar la existencia de Euskal Herria como sociedad diferenciada que no solo no se identifica con el modelo socioeconómico que impulsan estas cuentas públicas, sino que no encuentra acomodo ni solución a sus problemas dentro del actual marco jurídico político.

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, este Gobierno del Partido Popular está imponiendo en Euskal Herria todo un conjunto de reformas estructurales y recortes sociales amparándose en su mayoría absoluta, en los marcos institucionales estatales, que no en la realidad de la sociedad española —tal y como le he dicho antes—, a pesar de que su representación electoral en el conjunto de nuestro pueblo, la Comunidad Autónoma vasca y la Comunidad Foral de Navarra, es claramente minoritaria —y me atrevería a decir que camino de ser residual— y que su política económica, social y medioambiental está siendo rechazada cada vez más por mayores sectores de la población, los propios parlamentos y las juntas generales.

El mantenimiento de este marco político tiene un coste concreto para la comunidad autónoma vasca y Nafarroa. Los presupuestos de 2016 recogen las cantidades de 616 millones de euros para el cupo de Nafarroa y de 1525 millones para el cupo de la Comunidad Autónoma Vasca. Con dichos fondos se financian competencias no asumidas, como son: los gastos de la monarquía, las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, las grandes infraestructuras inútiles y, cómo no, el pago de la deuda.

El incremento de la deuda pública previsto para los próximos años, fruto de la publificación de la deuda privada de los bancos y de la nefasta e irresponsable gestión de las administraciones públicas españolas, va a suponer también el incremento del pago que la ciudadanía de Euskal Herria ha de hacer a las arcas estatales para rescatar esta deuda creciente del Estado español; unos pagos que vacían nuestras arcas públicas y nos niegan la posibilidad de poner en marcha un nuevo modelo social y económico en Euskal Herria; es más, gracias a estos presupuestos tenemos que contribuir con más de 2100 millones anuales al sostenimiento de gasto improductivo y socialmente inútil, en su mayor parte, como el sustento de la monarquía; el de un Tribunal Constitucional que, siempre de parte, socaba nuestro derecho a decidir y que confirma sentencias políticas, que tarde o temprano son revocadas por los tribunales europeos; de un Consejo de Estado que niega la realidad de un Estado plurinacional y rechaza el derecho a decidir de Cataluña, Galicia o Euskal Herria, de lo que puedan plantear de forma democrática instituciones catalanas, gallegas o vascas; o de un Ministerio de Defensa y un ejército que, frente al recorte sistemático del gasto social, ha incrementado año tras año, y por la puerta falsa, los derechos estivales que acumulan una deuda de 29 500 millones de euros y que, por mor de una cláusula constitucional introducida de forma ilegítima y copia de la legislación franquista, se arroga el papel de garante de la unidad de España.

Finalmente, estamos hablando de unos presupuestos que vuelven a negar nuestro derecho a decidir, imponiéndonos el cómo han de ser los presupuestos de las instituciones de Euskal Herria, al fijar que las comunidades autónomas no podrán endeudarse más de un 0,3 % y los entes locales un 0 %, sin tener en cuenta la muy diferente situación de las administraciones públicas vascas con respecto a las españolas en cuanto a su saneamiento económico, niveles de endeudamiento e importancia del gasto de protección social. Y un año más, volvemos a constatar que el presente proyecto de cuentas públicas para 2016 no contempla compromiso explícito alguno, ni siquiera en su más mínima expresión, para contribuir positivamente a la nueva etapa abierta en Euskal Herria de cara a la resolución del conflicto político.

Todas estas razones nos muestran que se hace aún más necesaria que nunca la exigencia de un marco soberano para Euskal Herria en materia económica, financiera, fiscal, social y laboral, a fin de poder implementar, según nuestra propia realidad, sin imposición ni limitación alguna por parte de los poderes estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para nuestro pueblo, asentado en los pilares de la justicia y la solidaridad, en el reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y prestaciones públicas, en la apuesta por la economía real y productiva, por la economía de proximidad, por un desarrollo hermanado y respetuoso con la naturaleza e impulsor de una igualdad efectiva y real entre hombre y mujeres. Queremos en Euskal Herria apostar por una industria y economía verde y de alto valor tecnológico, impulsar la economía de los ciudadanos, de los servicios sociales y públicos, fomentar firmemente la economía social, desarrollar decididamente la I+D+i y asentar la agricultura y la ganadería sobre bases de soberanía alimentaria. Todas estas apuestas por un nuevo modelo económico y social necesitan de soberanía política y económica, así como poder contar con los recursos que hasta ahora, vía cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda injusta, ilegítima y ajena a nuestro país.

Resumiendo, estas cuentas públicas del Estado español dan la espalda a las personas que más han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la crisis; van a seguir contribuyendo al incremento de la desigualdad, recortando el Estado del bienestar, confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más débiles de la sociedad —pensionistas, parados, autónomos, la economía social y las pymes— mediante un planteamiento que no responde a la realidad política, social y económica de mi país, Euskal Herria.

Quisiera terminar con un clásico en la tramitación parlamentaria de los presupuestos en el Senado, como es la inadmisión a trámite de las enmiendas parciales que hemos presentado. Un año más, voy a aprovechar esta exposición del veto para presentarlas.

Como saben sus señorías, nuestro grupo parlamentario no suele presentar habitualmente enmiendas a los proyectos de ley, y en este caso concreto de los presupuestos hemos presentado solo tres enmiendas muy concretas al estado de ingresos. Son tres enmiendas algo más que simbólicas, porque quieren transmitir conceptos que para nosotros son importantes porque con ellas, al mismo tiempo, queremos hacer una especie de llamada de atención, fundamentalmente a los senadores y senadoras del Grupo Popular, para que reflexionen sobre esas aportaciones que hacemos con nuestras enmiendas.

Hemos presentado tres enmiendas relativas al estado de ingresos que proponen, por un lado, incrementar la recaudación del impuesto sobre sociedades y otros impuestos sobre el capital e impuesto sobre el patrimonio y sobre la recaudación del IVA sobre operaciones interiores y, al mismo tiempo, como contrapartida, reducir en esas mismas cantidades la partida del cupo correspondiente al concierto económico del País Vasco y reducir, en la partida correspondiente, la aportación del convenio económico de la Comunidad foral Navarra.

En definitiva, con estas enmiendas, que se refieren a esa disminución del cupo, queremos reivindicar una vez más nuestra soberanía, el derecho de Euskal Herria a ejercer su soberanía y a decidir sobre todos los ámbitos que afectan a su ciudadanía. Con estas enmiendas retiramos nuestra aportación a las estructuras del Estado que consideramos que son, por un lado, improductivas y que, por otro —tal y como he dicho antes—, atentan directamente contra la soberanía y el derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro. Por eso, proponemos reducir en un 8 %, que es lo que nos corresponde por el cupo y el convenio económico, las competencias no asumidas: los gastos de la casa real, de defensa, de exteriores, de seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del fondo de contingencia.

Decimos que no vamos a contribuir con la partida que nos corresponde según el convenio del concierto económico; y ahí es donde efectuamos una primera llamada de atención cuando paralelamente pedimos que se aumente la recaudación de los impuestos. Ese primer toque que queremos dar es sobre uno de los problemas estructurales del Estado español, que les va a llevar a ustedes camino de ser un Estado fallido: el fraude y la elusión fiscal. En esta legislatura han perdido cuatro años para resolver un problema, el de ese fraude fiscal, que es un fraude social que condiciona toda la política de su Gobierno, así como el futuro de su Estado y del conjunto de la ciudadanía. Este es el primer elemento que queremos subrayar.

El segundo es otra llamada de atención; queremos denunciar la política social, más bien antisocial, que ha llevado adelante este Gobierno durante los cuatro años de legislatura y que pretende prolongar en los presupuestos de 2016. Y vamos a coger para ello un dato muy significativo. ¿Qué ha pasado con los gastos en defensa? En época de recortes sociales, han incrementado los gastos de defensa por encima de lo presupuestado a lo largo de esta legislatura en más de 8700 millones de euros, lo que supone un incremento del 35 %, mientras se recortaban los gastos sociales: educación, sanidad, políticas activas de empleo, pensiones, etcétera. Tal y como les dijimos en el Congreso, en el decreto llevado a esa Cámara para abonar la paga extra atrasada a los funcionarios introdujeron ustedes 20 millones de euros más para comprar 90 camiones para el ejército; y nos hubiese gustado que en esa legislatura hubiesen utilizado, en vez de para ello, los veranos para hacer ampliaciones de gasto para dotar aulas en las escuelas, quirófanos en hospitales o para aumentar las pensiones de viudedad porque no garantizan vivir con dignidad; nos hubiese gustado que hubieran utilizado los veranos para hacer decretos leyes de ampliación de gasto en estos y en otros asuntos; y lo único que han hecho ha sido ampliar los gastos militares, los gastos en defensa, lo que consideramos que es un fraude social y una política completamente antisocial.

Además de esta actitud, hay otra política que también queremos denunciar con nuestras enmiendas, relacionada con defensa, y no es otra que la de puertas giratorias. ¿Y por qué ocurre esto? Reconozco que esta política también la hacía el gobierno anterior, el gobierno socialista, aunque hay que reconocer que en menor medida. En los dos últimos años de legislatura, los gastos de defensa se incrementaron en un 13 % y en un 16 % sobre lo presupuestado, mientras que en 2012, que fue el año de mayores recortes, los gastos en material militar se incrementaron en un 43,53 % sobre lo presupuestado. ¿Cuál es la explicación? Muy simple: la política de puertas giratorias. Tradicionalmente, a lo largo de la historia ha habido personas que han pasado de la industria militar al Gobierno, del Gobierno a la industria militar y han vuelto varias veces, condicionando de esta manera el gasto del conjunto del Estado. Y ahora mismo hay por ahí rondando una deuda pendiente de 20 000 millones en gasto militar. Y esto, repito, que es totalmente antisocial, va en contra de los intereses de la ciudadanía, de la justicia social, del futuro de su Estado porque, como decía, esas políticas le van a llevar a ser un Estado fallido.

Quiero sumar a lo dicho la noticia aparecida ayer, que Defensa ha ocultado compras a una empresa relacionada con el ministro Morenés por casi 30 millones de euros. Esta y otras situaciones reafirman una vez más a mi partido en la necesidad de reivindicar nuestra soberanía, en salir cuanto antes de este Estado, de estas puertas giratorias, de esta manera de entender la política, que no es la nuestra. Porque el final, salir de este estado, va a servir para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca.

Con estas enmiendas que he enunciado incrementaríamos en 1300 millones de euros la posibilidad de reforzar el gasto social y el Estado de bienestar en Euskal Herria; una denuncia, como les decía antes, de esa política antisocial de este Gobierno. Con estas enmiendas nos negamos a participar en esa política antisocial, en ese gasto militar espeluznante y en esa política de connivencia con el fraude fiscal, un fraude que es importante. Una vez más la solución está en que ejerzamos la soberanía y que desde ella podamos contribuir solidariamente a solucionar sus problemas.

En definitiva, todas estas razones nos llevan a pedir la devolución de los presupuestos al Gobierno y a reafirmarnos en nuestro convencimiento. Como decía al principio, no aspiramos a gobernar, aspiramos a no ser gobernados por ustedes. Esto nos reafirma en la necesidad de ejercer nuestra soberanía precisamente para dar respuesta a la situación de los ciudadanos de a pie, de los ciudadanos más necesitados y para lograr una sociedad más cohesionada y más justa socialmente en Euskal Herria. Con este razonamiento quiero pedir el voto favorable al veto que hemos presentado y, al mismo tiempo, avanzo nuestro voto favorable al resto de vetos presentados.

Mila esker. Muchas gracias.

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