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Oct 09

Interpelación sobre la política general del Gobierno en relación con los recursos de inconstitucionalidad y, más concretamente, sobre los relativos a diversos acuerdos adoptados en el Parlamento de Navarra.

Interpelación sobre la política general del Gobierno en relación con los recursos de inconstitucionalidad y, más concretamente, sobre los relativos a diversos acuerdos adoptados en el Parlamento de Navarra.

(Núm. exp. 670/000094)

Autor: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)

            El señor presidente da lectura al punto 5.4.

 

            El señor PRESIDENTE: Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Unamunzaga, por un tiempo de quince minutos.

            El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

            Señorías, señor ministro, en primer lugar, siendo hoy nuestra primera intervención, quiero expresar nuestras más sinceras condolencias, tanto en mi nombre como en el de mi grupo parlamentario, a la familia, amigos y al conjunto del Partido Popular, especialmente al Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por el fallecimiento del senador José Atarés. Descanse en paz.

            Vamos ya a afrontar la interpelación que traigo a esta Cámara, que nos cuenta un hecho, cual es cómo desde la minoría más minoritaria de un Parlamento se puede gobernar a espaldas de la ciudadanía de un territorio, y con ello me estoy refiriendo a un territorio con un régimen foral, un territorio que como el resto de la parte de Euskal Herria que se encuentra encuadrada en el Estado español cuenta con derechos históricos; unos derechos históricos preexistentes a la Constitución, unos derechos históricos que son la base de nuestro autogobierno, de nuestra capacidad de decidir, y esto viene al hilo de la proposición no de ley que ya a estas horas habrá sido debatida en el Congreso hoy mismo, que solo habla de democracia, y de profundización en la democracia, y de esto es precisamente de lo que estamos hablando, de cómo esta capacidad de autogobierno se está viendo cercenada por una minoría, que se autoatribuye una capacidad de veto sobre las decisiones y la voluntad expresadas por la mayoría, en este caso, de la ciudadanía navarra, a través de sus representantes democráticamente elegidos en las urnas.

            Y es que, efectivamente, para explicar esta situación a la que me estoy refiriendo, vamos a hacer un breve repaso de dos hitos que están marcados claramente en el tiempo y que nos condicionan y explican muchas de las cosas que están pasando en estos momentos: el primer hito es en junio de 2011, cuando se constituye el Gobierno de Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista de Navarra, con 28 votos: 19 votos Unión del Pueblo Navarro y 9 el Partido Socialista de Navarra, de un total de 50 parlamentarios. El Partido Popular, que sobra decir que en el Estado tiene una mayoría absoluta, en Nafarroa tiene cuatro parlamentarios de cincuenta. El segundo hito es en junio de 2012, cuando se produce la ruptura del Gobierno por la expulsión del Partido Socialista de Navarra, por cierto, con nocturnidad y alevosía, y el resultado es que en estos momentos Unión del Pueblo Navarro está gobernando en minoría con una serie de resultados y consecuencias en la gestión de ese territorio. La primera consecuencia es que se están gestionando presupuestos prorrogados para 2013 y probablemente para 2014; se está produciendo una situación de desgobierno, agravada con la desaparición de Caja Navarra; y la constatación de abusos, irregularidades y corruptelas; se produce un más que evidente deterioro económico, dando como resultado los peores datos de desempleo de la historia, un brutal endeudamiento, el debilitamiento del sector público, etcétera. Y en este contexto, la oposición en Nafarroa, Bildu, Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai, Aralar, Esquerra, sacamos adelante mociones y leyes que el Gobierno de Unión del Pueblo Navarro se niega a cumplir.

            Y se preguntará su señoría para qué me está exponiendo esta situación si estamos tratando de una interpelación sobre la política general del Gobierno en relación con los recursos del Tribunal Constitucional del Gobierno del Estado. Pues es muy sencillo, señor ministro, porque el Gobierno de Nafarroa, para evitar cumplir con la voluntad de su Parlamento, obtiene la complicidad de la delegación del Gobierno para recurrir al Constitucional y dejar sin efecto muchas de las leyes aprobadas bajo el pretexto de que Navarra no tiene competencias para ello; es decir, de lo que estamos hablando es de una utilización política de los recursos judiciales, y esto, aunque terriblemente grave, no es algo que desgraciadamente nos sorprenda de su Gobierno. En Euskal Herria estamos acostumbrados a ello, estamos acostumbrados a las políticas de excepción que se aplican en nuestro territorio, y estamos acostumbrados en el marco de estas políticas y legislaciones de excepción a acudir a un campo de juego ajeno, con normas ajenas y árbitros caseros. Esto no es una apreciación, es una realidad, aunque usted, como no pongo en duda en ningún momento, me lo va a negar.

            Y es en este contexto donde nos encontramos con que aprovechando todas las vías que se abren en esta situación Unión del Pueblo Navarro recurre a una desforalización. Unión del Pueblo Navarro está recurriendo a negar las competencias propias de Navarra para imponer sus decisiones que no cuentan con el aval de la mayoría del Parlamento, es decir, laminar el autogobierno en una visión cortoplacista para mantener el actual statu quo. Y ante esto ¿qué es lo que está haciendo el Partido Popular? El Partido Popular se encuentra ante una de las oportunidades de su vida para cumplir su ideario. Utiliza la impresionante fuerza que le dan, no esos cuatro parlamentarios en Nafarroa, sino la maquina del Gobierno del Estado y su aparato, el tentáculo del Gobierno del Estado en Nafarroa, que no es otro que su delegada del Gobierno, para cumplir sus objetivos de modelo de estructuración de Estado. Esto en el caso de Nafarroa, porque en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, mejor ni hablar del papel que está jugando su representante. Y es así como, dando cumplida cuenta de este afán centralizador, plenamente basado en su ideología nacionalista española del siglo XIX, que tan bien está demostrando su Gobierno y que tan bien sabe cómo aplicar en su actividad legislativa a lo largo de estos dos años, se aprovecha de la actitud irresponsable y cortoplacista que está demostrando el Gobierno en Nafarroa.

            Y es así cómo en estos momentos se visualiza un gran conflicto, dado que el Parlamento navarro aprueba leyes que el Gobierno de Navarra, Unión del Pueblo Navarro y el Estado, se niegan a cumplir. Se trata de un gran conflicto que queda patente en dos ejemplos de actuación: en primer lugar, es que, frente a los reales decretos en materia sanitaria: universalidad de la atención sanitaria; los educativos: la ratio/alumnos; en materia de trabajadores públicos: la paga extra, jubilaciones, ausencia de oferta públicas de empleo, etcétera, el Parlamento de Navarra ha defendido su autogobierno al tomar medidas para que no se apliquen, dado que vulneran competencias propias de Navarra; por el contrario, el Gobierno de Navarra se ha negado a adoptar estas medidas.

            En segundo lugar, el Parlamento de Navarra ha aprobado multitud de mociones pero, fundamentalmente, tres leyes forales que han contado con el voto en contra de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Popular, que es minoría, y que, para no acatarlas, han recurrido al argumento de que Nafarroa no tiene competencia para ello, y Unión del Pueblo Navarro se autodefine como la quintaesencia de la foralidad, y automáticamente, una vez que ocurre esto, el Estado lo recurre al Constitucional. En este caso, tenemos la ley foral por la universalidad sanitaria en atención a inmigrantes, la ley foral para un complemento retributivo a los trabajadores públicos: la paga extra; la ley foral de las empresas públicas, que dice que todo expediente de regulación de empleo en las empresas públicas tendrá que ser avalado por el Parlamento, etcétera. Es decir, en estos momentos, estamos la invasión de competencias más grave de la historia. Señoría, es tan grave que ni incluso durante la etapa franquista se le cuestionaba a Nafarroa su capacidad de competencia en función pública y su capacidad de determinar las condiciones laborales y salariales de sus trabajados públicos.

            Un caso lacerante de vulneración de la voluntad del Parlamento que, de hacer caso omiso a una moción aprobada, aunque quizá no pueda tener el carácter de esas leyes que acabo de mencionar ahora mismo, es muy significativo con la ciudadanía Navarra, es el caso de la Casa Matxurrenea, de Leitza. Pues bien, la sucesión de hechos es la siguiente: nos encontramos con que un ciudadano navarro dona la propiedad de una casa al Gobierno de Nafarroa para usos sociales y culturales. El Gobierno de Nafarroa, en el año 2004, se la alquila para diez años a la Guardia Civil para una casa cuartel; es decir, evidentemente, en esta decisión queda muy claro tanto los usos sociales como los culturales. En junio de 2013, el Parlamento de Nafarroa aprobó una moción instando al Gobierno de Nafarroa a que se destine dicho edificio a los usos definidos por el donatario, y la semana pasada, el ministro español de Interior visitó Leitza y anunció que el Gobierno de Nafarroa había renovado el alquiler por diez años.

            Este, desgraciadamente, es uno de esos múltiples ejemplos que denotan una pauta detrás de toda esta actuación en los que podemos encuadrar la política de recursos al Tribunal Constitucional. Señorías, en esta legislatura son cuatro las normas que están en manos del Tribunal Constitucional: la que compensa el poder adquisitivo perdido por los funcionarios y posibilita el cobro de la paga extra; la que obliga a la iglesia a pagara el IBI por los locales de su propiedad que no sean de culto; la relacionada con la regulación de algunos casos de copago; y la que define y posibilita una asistencia sanitaria universal. Y son seis las leyes que están cuestionadas por el Estado y tienen posibilidad de terminar recurridas ante el Tribunal Constitucional: la que regula la apertura del comercio en festivos; la delegación de voto en los consistorios; la que permite la expropiación temporal a las entidades financieras de pisos que vayan a ser desahuciados si las familias están en riesgo de exclusión; la que garantiza el acceso de forma gratuita a la asistencia sanitaria primaria; la que regula las exenciones al impuesto sobre la energía; y la ley de las encuestas públicas, a las que hay que sumar cuatro que ya no estaban en la anterior legislatura.

            Y se han sumado recientemente a esta lista, por escritos remitidos por su propio Gobierno, por un lado, la proposición de ley que regula la prohibición en el territorio de la comunidad foral navarra de la técnica de fractura hidráulica, es decir, el fracking, y, por otro, la proposición de ley que regula el Auzolan. En este caso, señorías, les tengo que reconocer que es digna de elogio la gran eficiencia de la administración que están ustedes dirigiendo porque el informe negativo ha llegado antes incluso de que comience su tramitación parlamentaria.

            De todas maneras, y para concluir, permítame comentarle que tengo mis dudas sobre el conocimiento propiamente dicho de lo que es el Auzolan, en Madrid. Pero, bueno, es una reflexión que dejo encima de la mesa.

            Gracias.

            Tiene la palabra el senador Unamunzaga.

            El señor UNAMUNZAGA OSORO: Señor ministro, Roma locuta causa finita est. Cuando Roma ha hablado la causa está terminada.

            Pues bien, ha dicho usted tantas cosas. Pero, efectivamente, vamos a desmontar mitos. Euskalerria no existe. Léase por favor el artículo 1 del Estatuto de Autonomía vasco —le traeré una copia si usted quiere—, para que vea que, efectivamente, Euskadi, Euskalerría, tal y como aparece enunciado, y también vea los incumplimientos unilaterales de un pacto bilateral que hubo en su momento, lo aprobado, lo laminado y lo cepillado y lo que tenemos hoy en día. Porque le tengo que reconocer algo. Usted ha hablado aquí un montón de tiempo y, efectivamente, no ha dicho gran cosa, entre todas las cosas que ha dicho.

            ¿Pero por qué está justificada esta interpelación? Le he dicho: utilización política de los recursos judiciales. Eso es de lo que estamos hablando y lo que he dicho. Y usted me ha contestado que siempre que pasa igual pasa lo mismo y que aquí no pasa nada, que es un tema completamente normal y nada. Usted ha dicho que, efectivamente, estamos en España. Y yo añado: de momento, por supuesto, porque en democracia cabe todo y precisamente las leyes son para mutar. Y yo interpreto otra cosa. Usted ha dicho: esa Navarra leal. Pues nos tomamos por desleales en ese aspecto, porque veo que usted no nos incluye. Por cierto, la foralidad es anterior a la propia existencia de España; lo digo también como otro mito que tenemos que ir quitando y desgajando. Y a lo que usted le llama clarificar competencias yo simplemente le llamo recortar y laminar. Y usted también ha dicho que nos apoya a todos y no nos ha mencionado a los vascos, pero mire, esté tranquilo que nos valemos por nosotros mismos.

            Todo esto que usted ha dicho, evidentemente, es el talante en la actuación que está demostrando de una manera sistemática el Gobierno que usted representa. Y esta actitud y este talente, así como la no respuesta que me ha dado reafirman diversas verdades que explican lo que está ocurriendo en estos momentos -permítame que vuelva a Nafarroa- y ante lo que usted todavía no ha confrontado ningún argumento válido.

            En primer lugar, el Gobierno del Partido Popular impone con la mayoría con que cuenta en las instituciones del Estado sus decisiones a Navarra, cuando de Navarra son 4 de 50 parlamentarios –y lo repito si hace falta: 4 de 50 parlamentarios-. La actitud del Estado y del Partido Popular de sostener a Barcina supone una afrenta a la labor del Parlamento de Navarra, a sus derechos históricos, a la voluntad de la ciudadanía navarra y una lesión histórica de las competencias producidas en Navarra, lo quiera ver usted o no lo quiera ver, ya que seguimos en el ámbito de la normalidad.

            Deben darse cuenta, frente a esto, de que esta situación de privilegio con la que actúa el Estado y la derecha minoritaria en Navarra imponiendo sus decisiones frente a las de la mayoría de la ciudadanía no va a ser aceptada ni acatada por la sociedad navarra. Su actitud de ordeno y mando, con la complicidad sumisa de una Unión del Pueblo Navarro, que sin el protectorado del Estado no podría seguir deteriorando la situación económica y social de Navarra, tiene sus días contados. Téngalo claro, la ciudadanía no lo va a permitir. Se está produciendo un cambio.

            Y fueron las instancias jurídicas del Estado en esta situación las que dieron oxígeno al hedor de corrupción, extirpando de Navarra la investigación sobre los abusos, irregularidades y corruptelas que llevaron a Caja Navarra, que es un instrumento –usted ha hablado de economía- absolutamente necesario para la economía navarra, a su desaparición. Fue el ministerio español el que recurrió a Unión del Pueblo Navarro para criminalizar iniciativas encaminadas a permitir la captación de ETB, que es una herramienta que tenemos para la normalización de la lengua, un gran reto en Nafarroa, y, tal y como indica el nuevo informe de seguimiento de los compromisos dimanados de la firma de la Carta Europea de las Lenguas, para preservar el derecho de los navarros y navarras a poder sintonizar canales de televisión en la lingua navarrorum, que es el euskera. Y ante el clamor social por poner fin al Gobierno roto, incapaz de Unión del Pueblo Navarro y la señora Barcina, es el Estado quien le sostiene, porque saben que Barcina y Unión del Pueblo Navarro son sus mayores aliados para la desforalización de Navarra; desforalización –vuelvo a repetir el concepto-, un ejercicio de subversión de derechos históricos, que es una de las piedras angulares que está demostrando con la política de su Gobierno.

            Sí quiero terminar con otro fondo de la cuestión que usted ha tratado, precisamente cuando nos ha pedido respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional. Se lo voy a decir de una manera muy gráfica, y voy a utilizar dos símiles al hilo de la afirmación que ha realizado acerca de que los ciudadanos de Euskalerria nos encontramos en sus tribunales y, concretamente, en el Tribunal Constitucional en campo de juego ajeno, con reglas ajenas y un árbitro casero. Mire, el día en que el Estado español acepte los tribunales británicos para dilucidar el tema de Gibraltar o los tribunales marroquís para dilucidar el tema de Ceuta y Melilla, entonces y solo entonces y tal vez valoraremos en serio la posibilidad de aceptar la intervención del Tribunal Constitucional  en temas relacionados con Euskalerria, no mítica, que existe y está en el ordenamiento vigente.

            Muchas gracias.

            El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

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