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mar 12

Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal

Aunque estamos desgraciadamente acostumbrados en esta legislatura a que por parte de la mayoría del Partido Popular se retuerza el Reglamento, y se prive de derechos a los Senadores y Senadoras de esta Cámara, no pensábamos que se iba a llegar a este extremo en esta ocasión.

Con motivo de la tramitación de esta modificación de la Ley Orgánica 6/1985 hemos asistido a todo un retorcimiento, una perversión, un incumplimiento del Reglamento de la Cámara en el Congreso de los Diputados a la hora de su tramitación. Es otro caso claro de privación de los derechos de los diputados y diputadas de esa Cámara, y nos parece que es un atentado directo a las bases de la democracia.

Como muestra un botón: La propuesta de reforma ha sido canalizada por la insólita vía de proposición de Ley del Grupo Popular en lugar de proyecto del Gobierno (de esta manera se evita la petición previa de informes a diferentes instituciones del Estado), y el resultado de su aprobación es que va a dejar prácticamente vacía de contenido la jurisdicción universal

En definitiva, una vulneración del funcionamiento democrático de la cámara baja que ha tenido su continuidad en su tramitación en el Senado, impidiendo el debate, vetando comparecencias, prohibiendo la reflexión en torno a este tema, que es especialmente grave como es el de la justicia universal,

Así es, en la Comisión de justicia se ha vetado la posibilidad de desarrollar nuestro trabajo al vetar la comparecencia de

–      D. Juán José Álvarez rubio: Catedrático de Derecho internacional en la Universidad del País Vasco

–      D. Estebán Beltran Berdes: Director de la Sección España de Amnistía internacional

–      D. Carlos Castresana Fernández: Fiscal de la Sala del Tribunal Supremo

–      D. Joaquín Giménez García: Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo

–      D. Javier Martínez Lázaro: Magistrado de la audiencia nacional

–      D. Fernando Mariño Menéndez: Catedrático de Derecho internacional público, Universidad Carlos III

–      D. Eduard Segarra Trías: Doctor en derecho y especialista en derecho internacional público

A qué tienen miedo Señores y Señoras del Partido Popular, ¿Al debate? ¿A confrontar ideas? ¿a cuestionar las decisiones que les mandan desde el gobierno? ¿a tener criterio? ¿a la pluralidad? ¿a la posibilidad de disentir y afirmar que otros vemos la realidad de otra manera?

Son las únicas explicaciones para intentar entender el porqué, con un comportamiento de cacique que manda en su territorio han vetado la comparecencia de estos expertos, que ha sido pedida por todos los grupos parlamentarios menos el Partido popular.

Y siendo esto tremendamente grave, lo es especialmente en este caso por el tema que estamos tratando: Este proyecto intenta negar un compromiso con la defensa activa de todos los derechos humanos en todas partes.

Las reformas impulsadas hasta hoy por el Gobierno en otros terrenos (laboral, financiero, de pensiones) habían evidenciado que lo que tenemos delante es una franquicia de la troika: Angela Merkel decía lo que había que hacer y el Gobierno se arrodillaba y decía amén.

Hoy de lo que nos estamos enterando es de que en el todo a cien de este Gobierno hay más franquicias y de que se está a las órdenes, a lo que se dice desde potencias internacionales como Estados Unidos o China, entre otras.

Esta reforma está hecha a la medida del velo con el que se pretende tapar toda una serie de violaciones de derechos humanos, de crímenes contra la humanidad y de genocidios que se practican en el planeta.

La justicia universal, seriamente recortada desde nuestro punto de vista por el anterior Gobierno  gracias también a presiones internacionales, queda hoy reducida a poco menos que nada. Y la modificación legal puede significar el sobreseimiento de la mayor parte de causas que investiga actualmente la justicia española por graves crímenes cometidos en otros países

Miren, desde Amaiur hemos señalado en todo momento que, en su literalidad, la Constitución de los españoles era una Constitución muy avanzada en lo que se refiere a los derechos individuales, a la promoción y al respeto y protección de los derechos individuales, y que el fallo que tenía, y tiene, es que no contemplaba el reconocimiento, la protección, el apoyo a los derechos colectivos y, en concreto, al derecho que tiene nuestro país, Euskal Herria, a decidir su propio futuro y su derecho a la autodeterminación.

Pero precisamente en ese ámbito positivo que tenía la Constitución española, que podemos afirmar que era una Constitución puntera en el ámbito internacional seguramente por ser de las últimas que se han aprobado, se ha ido devaluando a lo largo de los años ese compromiso con los derechos individuales, con las libertades.

Lo han ido devaluando los sucesivos Gobiernos del estado cuando a lo largo de estos años han ido, por ejemplo, promoviendo el cierre de periódicos; dando impunidad, cuando no ocultamiento, a la tortura; y exaltando a los torturadores. Cabe destacar expresamente que recientemente se cumplía el aniversario del asesinato de José Arregui y quien estuvo condenado por esa tortura y ese asesinato, cuando murió, fue reconocido con todo tipo de honores policiales.

Del mismo modo han ido reduciendo ese compromiso con los derechos individuales con la ilegalización de partidos políticos, con la ley que ahora promueven de seguridad ciudadana, que también es una ley de recorte de libertades individuales.

En suma podemos afirmar que, a lo largo de estos casi 40 años, los diferentes Gobiernos del estado han ido devaluando, degradando ese compromiso constitucional con los derechos individuales. Y ahora precisamente lo que hace el Gobierno del Partido Popular con este Proyecto de Ley es ir hacia la anulación práctica de la justicia universal; un ámbito en el que el estado va a pasar de estar en cabeza a nivel internacional a estar en la cola; de ser modelo por la persecución de gravísimas violaciones de derechos humanos mediante la aplicación de un principio de justicia universal puro a estar a la cola, a dejar de ser modelo, a ser algo de lo que avergonzarse.

De la devaluación ya importante que se produjo con la reforma de la Ley del Poder Judicial en el año 2009 se ha pasado ahora a su práctica anulación con esta modificación, en la que lo que están haciendo es primar los intereses económicos y comerciales por encima de la dignidad de las personas. Al final, priman los intereses y las presiones de Estados Unidos, de China, de Israel, de Marruecos por encima de los derechos individuales de las personas.

Al final, lo que se está realizando con el presente Proyecto de Ley es promover espacios de impunidad para las vulneraciones graves de derechos humanos.

Esta reforma propuesta es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva. Es una reforma que es claramente inconstitucional; es una reforma que atenta contra el derecho internacional, que va en contra del Convenio de Ginebra, que al final está dando cobertura, entre otros, a genocidios como los del Tíbet, Guatemala, Sáhara, Ruanda

Lo que estamos viendo es que se pretende que en la Audiencia Nacional vaya a la papelera por ejemplo el asesinato de José Couso, periodista asesinado en Bagdag, en una guerra criminal, genocida, completamente arbitraria y en contra de todo principio legal.

Lo mismo ocurre con los crímenes contra la humanidad realizados por Estados Unidos en Afganistán.

Igualmente se pretende barrer y dejar debajo de la alfombra realidades como la del asesinato de nuestro paisano el jesuita vasco Ellacuría y sus compañeros por el ejército salvadoreño, entrenado, armado y dirigido desde Estados Unidos;

En definitiva lo que se está haciendo con su texto constitucional, por medio de este Proyecto de Ley y otros ya aprobados, es devaluarlo y anularlo en uno de los elementos en los que era ejemplar para el ámbito internacional, que era el compromiso con la defensa activa de los derechos humanos y de las libertades individuales.

Por otra parte, no se puede afirmar que esta jurisdicción comporte ninguna extralimitación, puesto que la regulación actualmente vigente en el estado y la jurisprudencia configuran la jurisdicción universal como estrictamente subsidiaria, es decir, que no se activa si un tribunal internacional o bien el Estado donde se han cometido estos crímenes o del cual sean nacionales sus responsables proceden (como sería su obligación) a investigar y juzgar con garantías estos crímenes.

En definitiva, esta propuesta supone retroceder en las obligaciones internacionales contraídas, ofrece impunidad a los responsables de crímenes internacionales e impide a las víctimas el acceso a la justicia española.

Frente a esta Propuesta desde Amaiur afirmamos que en materia de derechos humanos no caben excepciones; no se pueden anteponer los intereses económicos y geoestratégicos a los derechos, la dignidad de las personas, el principio de justicia universal y los derechos de las víctimas.

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